La Lista Robinson: cómo puede afectar a mi empresa

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¿Cómo controlar la publicidad que recibes y envías? Últimamente el tratamiento de los datos está cambiando, y no pasa desapercibida la preocupación general por saber qué se hace con la información que facilitamos a otras empresas, organizaciones, partidos políticos y plataformas online. Para controlar las comunicaciones comerciales se están creando herramientas útiles tanto para los negocios como para el consumidor final como, en este caso, la Lista Robinson.

Pero… ¿En qué consiste realmente esta herramienta y qué ventajas tiene?

¿Qué es la Lista Robinson?

La Lista Robinson es un directorio de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) que funciona a modo de ‘lista negra’ en la que los ciudadanos pueden inscribirse de forma gratuita para evitar la publicidad no deseada o SPAM.

Si eres una empresa, esta lista puede parecerte a primera vista un obstáculo para realizar tu actividad. Sin embargo, ¿te interesaría estar en la carpeta de spam del email de tu público? Todos sabemos que ninguna organización quiere eso, sino que quiere llegar de forma relevante e interesante a aquellos potenciales clientes o stakeholders. Por ello, a la hora de hacer campañas publicitarias o cualquier actividad cuyo fin sea comercial, las organizaciones deben tener siempre en cuenta esta lista con los destinatarios de los que no haya obtenido el consentimiento expreso para ello conforme al artículo 23.4 LOPDGDD.

A nivel técnico, la Lista Robinson permite bloquear desde llamadas comerciales a comunicaciones por correo postal, correo electrónico, sms, etc., a partir de los 3 meses de la inscripción.  Para las empresas, posibilita la descarga de la propia herramienta de ADIGITAL o el desarrollo de una herramienta propia conectada al servidor de la lista. Entonces el proceso se desarrolla de la siguiente forma: se accede a la herramienta y se introducen una serie de registros que se quieren consultar dependiendo del tipo de campaña. Posteriormente se genera un fichero CSV, con una vigencia de un mes, con el que ya se puede trabajar. Dependiendo del tipo de empresa y de la magnitud de las consultas se establecen una serie de tarifas:

  • Tarifa bonificada: para microempresas y pequeñas empresas que consulten hasta 30.000 registros anuales, SIN COSTE.
  • Tarifa microempresa: 1.900€/año, incluye la consulta de 50.000 registros.
  • Tarifa pequeña empresa: 2.550€/año, incluye la consulta de 120.000 registros.
  • Tarifa mediana empresa: 4.500€/año, incluye la consulta de 330.000 registros.
  • Tarifa gran empresa: 5.500€/año, incluye la consulta de 600.000 registros.

En este sentido, las compañías también pueden encargar a terceros la realización de las consultas. Los llamados ‘prestadores de servicios’ deberán subsanar una tarifa diferente por el volumen de registros al que se enfrentan:

  • Tarifa prestador de servicios: 6.450€/año, incluye la consulta de 600.000 registros.

Y si una empresa está decidida a contratar este servicio por sí misma, ¿qué se necesita para solicitarlo? La empresa debe rellenar un formulario que se encuentra en la web y adjuntar una serie de documentos que se le indican: copia de los poderes del representante de la empresa, copia de un documento identificativo del representante y copia del CIF de la empresa. Tras cumplimentar la información y aceptar las condiciones generales del Servicio, la solicitud de la empresa será validada y podrá acceder al Servicio.

¿Cómo debo actuar si soy una empresa?

En primer lugar, debes plantearte la necesidad de cumplir con la legislación vigente tanto en el propio desarrollo de tu negocio como en las comunicaciones que se hacen de cara al público. En este sentido, es preciso tener siempre cerca un servicio jurídico especializado que atienda las necesidades en materia de Protección de Datos.

Por otra parte, muchas veces el funcionamiento de la ley puede ser confuso, y hay una serie de formas de esquivarla. En algunos casos, los consumidores, a pesar de acceder a esta lista pueden continuar recibiendo publicidad. Esto se debe a que existen maneras de envío de comunicaciones lícitas si el cliente da el consentimiento previamente para el uso de sus datos con fines comerciales o acepta las condiciones de algún formulario (suele ser la opción más común y la que pasa más desapercibida porque, realmente, ¿quién se lee los términos y condiciones?). Por ello, las empresas tienen también el deber de ser honestas y explicar correctamente el objetivo y el proceso de tratamiento de datos. A su vez, en cualquier acción comunicativa con el público deben existir unas bases y un derecho al desestimiento o a suprimir el consentimiento (esto es obligatorio siempre que se trata con datos personales).

Por último, en el camino hacia una visión de empresa orientada a proteger los datos de sus clientes no puede faltar un correcto soporte informativo en el que el consumidor pueda informarse sobre todo lo que desee o incluso un apartado de Atención al Cliente en el que pueda resolver sus dudas.

Recomendaciones para estar dentro de la normativa:

  • Consultar los cambios recientes en las normativas.
  • Contratar los servicios de bufetes de abogados especializados en el tema.
  • Asesorarse y tratar de ser honestos con la gestión de los datos.

 

La Lista Viernes: una iniciativa para el ámbito político

Recientemente han surgido a raíz de la Lista Robinson otras iniciativas para extrapolar el control del uso de los datos personales a campos como el de la política, en el que suele haber bastantes fraudes.

El último cambio en la ley electoral permite actualmente a los partidos políticos emplear los datos de los ciudadanos para difundir comunicaciones electorales por medios electrónicos sin consentimiento y con un mensaje personalizado. Por ello, algunas organizaciones como Secuoya Group han puesto en marcha una lista a la que los partidos pueden acceder para saber si los ciudadanos desean o no recibir información.

Desde el punto de vista de las organizaciones políticas, la actuación debe ser responsable. De la misma forma que para las empresas es contraproducente el envío masivo de comunicaciones, en la comunicación electoral el público es mucho más sensible y puede demonizar la propaganda con un consecuente efecto negativo en la imagen de la formación.

El desarrollo de este tipo de iniciativas obliga a los partidos políticos a ser conscientes de la preocupación general acerca de cómo se gestionan los datos y del rechazo total al uso de la privacidad en beneficio privado.

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En Sistemius, ponemos a su disposición un servicio legal especializado en el asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en el ámbito de la Protección de Datos: LOPD y RGPD. Hacemos auditorías de procedimientos de cumplimiento de la ley, reputación online y defensa de denuncias antes la AEPD.

 

Puedes ampliar esta información en las páginas web de la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) en relación con la Lista Robinson y en la de Lista Viernes.  

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