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Prohibición de publicidad en el juego online

Prohibición de publicidad en el Juego Online

 

¿Cuándo se aplica?

 A partir del viernes 3 de abril se prohíbe la realización de publicidad o comunicaciones comerciales relativas al Juego Online. En este artículo trataremos de determinar el alcance de dicha restricción.

 

¿Qué finalidad tiene esta norma?

El pasado miércoles 1 de abril se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Que, entre otras cuestiones, limita las comunicaciones comerciales del Juego Online.

Esta norma se aprueba con la siguiente finalidad:

 

“En este contexto de excepcionalidad motivado por la enfermedad COVID-19, resulta asimismo indispensable establecer determinadas limitaciones en el marco de las competencias de ordenación del juego.

Por ello, dadas las implicaciones de la declaración del estado de alarma en términos de movilidad y oferta de ocio disponible para los ciudadanos, para evitar la intensificación del consumo de juegos de azar en línea (en particular, los juegos de casino, bingo y póker), que puede derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico (especialmente para proteger a los menores de edad, adultos jóvenes o personas con trastornos de juego en un momento de mayor exposición), se limitan las comunicaciones comerciales que realizan los operadores de juego de ámbito estatal, incluyendo a las entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería.”

 

¿A quién se aplican la prohibición de publicidad del Juego Online?

A todas las entidades que desarrollen actividades de Juego:

  • Loterías
  • Apuestas
  • Rifas
  • Concursos
  • Otros juegos (Por ejemplo, póker o ruleta)
  • Concursos
  • Juegos a través de medios presenciales.
  • Juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos
  • Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales

 

También a aquellas entidades terceras que presten servicios comerciales o publicitarios a las entidades de Juego, ya que hay que realizar una interpretación extensiva de la norma, porque se restringe cualquier tipo de comunicación comercial: 

“Cualquier forma de actividad publicitaria difundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades de juego”

 “Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto”

 

 ¿Cuánto tiempo duran estas prohibiciones de publicidad del Juego Online?

 Mientras dure la vigencia del estado de alarma.

 

 

¿Qué  actividades publicitarias o comunicaciones comerciales del Juego están prohibidas o limitadas?:

  • Actividades de promoción dirigidas a captar o fidelizar usuarios:

“Todas las actividades de promoción dirigidas a la captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o cualquier otro mecanismo similar”

  

  • Emisión de comunicaciones comerciales en medios audiovisuales

Es decir, en medios como la televisión o la radio.

Excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 a.m. y 5 a.m.

 

  • Emisión de comunicaciones comerciales por prestadores de servicios de intercambio de vídeos

Es decir, aquellos servicios de intercambio de videos por usuarios, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma.

Excepto en la franja horaria comprendida entre la 1 a.m. y 5 a.m.

 

  • Emisión de comunicaciones comerciales en servicios de la sociedad de la información

En este sentido, no sólo se incluye los servicios de la sociedad de la información, sino también todo lo relativo a comunicaciones individualizadas en correos electrónicos o medios equivalentes y redes sociales.

 

 

¿Qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento de esta medida?

Según Real Decreto-ley 11/2020 el incumplimiento de esta medida, es decir, el incumplimiento de la de la obligación de no realizar publicidad o comunicaciones comerciales relativas al Juego, se sanciona como si fuese una infracción grave de incumplimiento de la Ley del Juego (Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego), a saber:

 

Entre 100.000€ y 1.000.000€

 

 

José Nogueira

Abogado

Sistemius

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: ¿Cuáles son las Actividades de Juego?

 

  • Juego: “Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego

 

  • Loterías: Se entiende por loterías las actividades de juego en las que se otorgan premios en los casos en que el número o combinación de números o signos, expresados en el billete, boleto o su equivalente electrónico, coinciden en todo o en parte con el determinado mediante un sorteo o evento celebrado en una fecha previamente determinada o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o presorteadas. Las loterías se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte sea material, informático, telemático, telefónico o interactivo”

 

  • Apuestas: “Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la concreta modalidad de apuesta.

En función del acontecimiento sobre cuyo resultado se realiza la apuesta, ésta puede ser:

  1. Apuesta deportiva: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos deportivos, incluidos en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora, o sobre hechos o actividades deportivas que formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos o competiciones por el operador de juego.
  2. 2. Apuesta hípica: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de una o varias carreras de caballos incluidas en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora.
  3. Otras apuestas: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos distintos de los anteriores incluidos en los programas previamente establecidos por el operador de juego.

Según la organización y distribución de las sumas apostadas, la apuesta puede ser:

  1. Apuesta mutua: es aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre aquellos apostantes que hubieran acertado el resultado a que se refiera la apuesta.
  2. Apuesta de contrapartida: es aquella en la que el apostante apuesta contra un operador de juego, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que el operador haya validado previamente para los mismos.
  3. Apuesta cruzada: es aquella en que un operador actúa como intermediario y garante de las cantidades apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente el operador hubiera fijado.”

 

  • Rifas: “Se entiende por rifa aquella modalidad de juego consistente en la adjudicación de uno o varios premios mediante la celebración de un sorteo o selección por azar, entre los adquirientes de billetes, papeletas u otros documentos o soportes de participación, diferenciados entre si, ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea preciso realizar una aportación económica. El objeto de la rifa puede ser un bien mueble, inmueble, semoviente o derechos ligados a los mismos, siempre que no sean premios dinerarios”

 

  • Concursos: Se entiende por concursos aquella modalidad de juego en la que su oferta, desarrollo y resolución se desarrolla por un medio de comunicación ya sea de televisión, radio, Internet u otro, siempre que la actividad de juego esté conexa o subordinada a la actividad principal. En esta modalidad de juego para tener derecho a la obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional, siendo indiferente el hecho de que en la adjudicación de los premios intervenga, no solamente el azar, sino también la superación de pruebas de competición o de conocimiento o destreza.

 

A los efectos de la presente definición, no se entenderán por concurso aquellos programas en los que aún existiendo premio el concursante no realice ningún tipo de desembolso económico para participar, ya sea directamente o por medio de llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional.”

 

  • Otros juegos: “Son todos aquellos juegos que no tienen cabida en las definiciones anteriores, como por ejemplo el póquer o la ruleta, en los que exista un componente de aleatoriedad o azar y en los que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables”

 

  • Juegos a través de medios presenciales: Son aquellos en los que las apuestas, pronósticos o combinaciones deben formularse en un establecimiento de un operador de juego a través de un terminal en línea, bien mediante la presentación de un boleto, octavilla o un documento establecido al efecto en el que se hayan consignado los pronósticos, combinaciones o apuestas, bien tecleando los mismos en el terminal correspondiente, o bien mediante su solicitud automática al terminal, basada en el azar. Cualquiera de las fórmulas antes citadas será transmitidas a un sistema central y, a continuación, el terminal expedirá uno o varios resguardos en los que constarán, al menos, los siguientes datos: tipo de juego y detalle de la forma en la que el participante puede acceder u obtener las normas o bases del mismo, pronósticos efectuados, fecha de la jornada, evento o período en el que participa, número de apuestas o combinaciones jugadas y números de control. Además del resguardo o resguardos referidos, existirá un resguardo único expedido por el terminal ubicado en el punto de venta autorizado de que se trate, en el que constarán, al menos, los datos antes citados, y que constituye el único instrumento válido para solicitar el pago de premios y la única prueba de participación en los concursos”

 

  • Juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos: Son aquellos en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo real o en diferido.”

 

  • Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: “Se entienden por tales aquellos sorteos que, con finalidad exclusivamente publicitaria o de promoción de un producto o servicio, y teniendo como única contraprestación el consumo del producto o servicio, sin sobreprecio ni tarificación adicional alguna, ofrecen premios en metálico, especie o servicios, exigiendo, en su caso, la condición de cliente de la entidad objeto de la publicidad o promoción”

 

 

ANEXO 2: ¿Qué es un servicio de comunicación audiovisual?

“Son servicios de comunicación audiovisual aquellos cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador del servicio y cuya principal finalidad es proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas y contenidos con objeto de informar, entretener o educar al público en general, así como emitir comunicaciones comerciales.

Son modalidades del servicio de comunicación audiovisual:

  1. a) El servicio de comunicación audiovisual televisiva, que se presta para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación.
  2. b) El servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición, que se presta para el visionado de programas y contenidos en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación.
  3. c) El servicio de comunicación audiovisual televisiva en movilidad o «televisión en movilidad», que se presta para el visionado de programas y contenidos en un dispositivo móvil.
  4. d) El servicio de comunicación audiovisual radiofónica, que se presta para la audición simultánea de programas y contenidos sobre la base de un horario de programación.
  5. e) Los servicios de comunicación audiovisual radiofónica a petición, que se presta para la audición de programas y contenidos en el momento elegido por el oyente y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación.
  6. f) El servicio de comunicación audiovisual radiofónica en movilidad o «radio en movilidad», que se presta para la audición de programas y contenidos en un dispositivo móvil.”

 

 

ANEXO 3: ¿Qué son los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas?

“Un servicio cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disociables o cuya funcionalidad esencial consiste en ofrecer al público en general programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, a través de redes de comunicaciones electrónica”

 

 

ANEXO 4: ¿Qué son los servicios de la Sociedad de la Información?

“Engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio…), siempre que represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico”

Derecho de desistmiento

Derecho desistimiento en Comercio Electrónico

El derecho de desistimiento

Nuestro ordenamiento jurídico concede a los consumidores y usuarios el denominado como derecho de desistimiento, que tan bien podría llamarse como el derecho a arrepentirse de una compra, ya que sin necesidad de indicar motivo alguno puede devolver los productos adquiridos.

Además se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio del derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.

Supuestos excluidos del derecho de desistimiento

Sin embargo, este derecho no es absoluto, hay una serie de productos que se encuentran excluidos de este derecho. Estas exclusiones se encuentran enumeradas en el artículo 103 del Real Decreto 1/2007. Estas excepciones se refieren a las siguientes materias:

  1. a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.
  2. b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.
  3. c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.
  4. d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
  5. e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.
  6. f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.
  7. g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.
  8. h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.
  9. i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.
  10. j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.
  11. k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
  12. l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.
  13. m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

 

De esta enumeración se deduce que los supuestos excluidos del derecho de desistimiento son productos o servicios que o bien son perecederos o se han elaborado en base a adaptaciones o especificaciones pedidas por el consumidor o se trata de productos o servicios que ya se han empezado a disfrutar. Así por ejemplo el derecho de desistimiento no se aplica a la compra de productos perecederos, como por ejemplo comida.

Ejercicio y efectos del derecho de desistimiento

El consumidor y usuario comunicará por escrito  y dentro del plazo al empresario su decisión de desistir del contrato.

El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor.

El empresario deberá efectuar el reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor, a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso.

En caso de que el consumidor y usuario haya seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria, el empresario no estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven.

Salvo en caso de que el empresario se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes, en los contratos de venta, el empresario podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor y usuario haya presentado una prueba de la devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero.

Plazo para ejercitar el derecho de desistimiento

El consumidor tiene un plazo de 14 días naturales para el ejercicio del derecho de desistimiento. Como siempre ocurre, es importante saber las reglas que se aplican para contar los plazos, en este sentido, el artículo 104 del RD Legislativo 1/2007, precisa que:

  • En el caso de los contratos de servicios, el día de la celebración del contrato.
  • En el caso de los contratos de venta, el día que el consumidor adquiera la posesión material de los bienes solicitados.
  • En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste en un soporte material, el día en que se celebre el contrato.

No obstante, este plazo de 14 días naturales se ampliará en 12 meses más si el empresario no ha facilitado al consumidor la información relacionada con el derecho de desistimiento.

Si el empresario ha facilitado al consumidor y usuario la información sobre el derecho del desistimiento en el plazo de 12 meses a partir de la fecha contemplada en el artículo 104, el plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales de la fecha en que el consumidor y usuario reciba la información.

El estado de alarma y el derecho de desistimieto

El estado de alarma decretado por el gobierno mediante el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, establece en su artículo 21 la Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma o de sus posibles prórrogas.

Por tanto, todas y cada una de las compras realizadas durante el periodo de vigencia del estado de alarma implica que el plazo de ejercicio del derecho de desistimiento no empezará a computar hasta que esta situación excepcional no haya finalizado.

Conclusiones

De todo lo expuesto se deduce que el derecho de desistimiento es una de las garantías que el ordenamiento jurídico concede a los consumidores y usuarios y que el empresario está obligado a informarles de ello ya que de no hacerlo el plazo inicial de 14 días naturales se extenderá hasta 12 meses más del plazo legal.

Finalmente, el estado de alarma ha suspendido el cómputo de estos plazos por lo que ninguno de los anteriormente mencionado empezará a contar hasta que deje de estar en vigor el estado de alarma.

 

 

José Sendín
Abogado

Teletrabajo

Teletrabajo: requisitos legales

Teletrabajo: requisitos legales

La figura del teletrabajo ha adquirido relevancia durante los últimos años, pero sin duda
como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la crisis sanitaria generada
por el coronavirus ha puesto la figura del teletrabajo en boca de todos.

El teletrabajo está siendo la opción más eficiente para mantener la actividad de las
empresas y profesionales durante todo el periodo de tiempo que dure esta situación
excepcional.
Para todos aquellos que habéis decidido optar por esta vía para continuar con vuestra
actividad o que todavía no os habéis decidido porque tenéis dudas hemos elaborado este
sencillo artículo que esperamos que os sirva de ayuda.
En este artículo analizamos los siguientes aspectos:

– ¿Qué es el teletrabajo y donde se regula?
– Política de uso de dispositivos técnicos por parte de los trabajadores en sus domicilios
– La desconexión digital
– La protección de datos
– Medidas de seguridad

¿Qué es el teletrabajo y donde se regula?
El trabajo a distancia o tradicionalmente conocido como teletrabajo o trabajar en remoto en
los entornos más técnicos se encuentra regulado en el artículo 13 del Estatuto de los
Trabajadores:
“Artículo 13. Trabajo a distancia.
1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la
actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o
en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial
en el centro de trabajo de la empresa.
2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito.
Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le
serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 para la copia básica del
contrato de trabajo.
3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan
sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean
inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial.
En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la
retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.
El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso
efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de
favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y
promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos
de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.
4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia
de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su
normativa de desarrollo.5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación
colectiva conforme a lo previsto en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores
deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.”
Por tanto, desde el punto de vista legal el trabajo a distancia se caracteríza por:

✔ Desempeñarse preponderantemente fuera de las oficinas o centro de trabajo, ya sea
en el domicilio del trabajador o en otro lugar diferente (coworking por ejemplo).

✔ El contrato en donde se pacten las condiciones ha de constar por escrito.
✔ El trabajador a distancia tendrá los mismos derechos que los trabajadores que
desempeñen sus funciones en el centro de trabajo, con excepción de aquellos que
sean inherentes a esta circunstancia.
✔ El empresario ha de proporcionar los medios adecuados para que el trabajador a
distancia pueda formarse y promocionar en su carrera profesional.
✔ El puesto de trabajo a distancia tiene que cumplir con los requisitos que se
establecen en materia de seguridad e higiene por la normativa de aplicación.
✔ El trabajador a distancia tiene derecho a la representación colectiva (sindicatos) por
lo que deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.

Evidentemente esta regulación está pensada para cuando la relación contractual se pacta
desde un inicio en esta modalidad o cuando se acuerda por ambas partes, empleador y
empleado, modificando la situación laboral anterior.
En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como
una medida temporal que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo
habitual, el teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con un carácter
excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarro-llarse en
el centro físico habitual.
Esta decisión se caracteriza por:

✔ Ser una medida de carácter temporal y extraordinaria, que dejará de surtir efectos
una vez desaparezcan las circunstancias que lo motivaron.
✔ Que respete legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.
✔ Que no suponga una merma de los derechos de los trabajadores.
✔ Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las
personas trabajadoras, esto no suponga coste alguno para estas.

 

Política de uso de dispositivos tecnológicos propios de la empresa o del
trabajador
Siempre que un trabajador empieza a prestar servicios en una empresa es común, y muy
recomendable, que se incorpore al contrato de trabajo un acuerdo que regule la política de
uso de los dispositivos tecnológicos puestos a su disposición, este acuerdo recibe el
nombre de “política de uso de dispositivos tecnológicos”.
El objeto de este acuerdo es dejar constancia de qué es lo que puede y no puede hacer el
trabajador con aquellos dispositivos que le proporciona el empresario (smartphone, tablet,
portátil…). La razón de ser de este documento es evitar el uso indebido de tales dispositivos
por parte del trabajador y así evitar potenciales situaciones de riesgo que puedan producir
perjuicios a la empresa, como por ejemplo un acceso indebido a información confidencial
que el trabajador conoce por razón de sus obligaciones.
En ocasiones el trabajador desempeña sus funciones empleando sus propios dispositivos,
en tales casos este documento establece que deberá adoptar las medidas de seguridad
necesarias para evitar pérdidas, alteraciones, accesos o robos de la información vinculada
con su actividad laboral.
Con motivo del coronavirus y la adopción del teletrabajo como alternativa para mantener la
actividad de la empresa este documento se ha convertido en fundamental pues habrá
muchos empresarios que no contarán con una adecuada política de uso de dispositivos
tecnológicos.
Los puntos clave de toda política de uso de dispositivos tecnológicos son:

✔ Condiciones para la instalación/desinstalación de software en los dispositivos.
✔ Uso de herramientas de seguridad para evitar el deterioro, pérdida, alteración o
sustracción de la información almacenada en los dispositivos (copias de seguridad,
contraseñas, cifrado de los mensajes, puntos de acceso a internet, etcétera).
✔ Conservación y cuidado de los dispositivos.
✔ Carácter confidencial de toda la información y el tratamiento que se le debe dar a la
misma.
✔ Cumplimiento de la normativa de protección de datos (artículo 87 LOPDGDD).
✔ Acceso de manera remota, monitorización y registro de todo el uso del dispositivo
(expectativa de privacidad).
✔ Devolución de los dispositivos.
✔ Régimen disciplinario en caso de incumplimiento de esta política.

Esta política de uso de dispositivos tecnológicos también se puede acordan cuando sea el
propio trabajador quien aporte los dispositivos, es decir, trabaje con su propio pc/portátil.
En este caso se establecerán las condiciones que determinarán las medidas que permitan
diferenciar entre el contenido personal y el profesional del trabajador.
La desconexión digital
Como ya hemos mencionado anteriormente, el hecho de que se haya producido una
modificación de una de las condiciones esenciales de la relación laboral, el lugar en donde
se trabaja, no afecta al marco legal de la relación laboral.
Con carácter general la desconexión digital se encuentra regulada en el artículo 20 bis del
Estatuto de los Trabajadores consagrando el derecho de los trabajadores a ella con
remisión al artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos
Digitales, norma que introdujo este derecho. Este artículo en esencia establece:

✔ La desconexión digital se establece para garantizar el respeto al tiempo de descanso
del trabajador.
✔ El ejercicio de este derecho se adaptará a la naturaleza y objeto de la relación
laboral.
✔ Se pretende potenciar la conciliación de la vida personal y proesional de los
trabajadores.
✔ Se hace una mención especial al trabajador a distancia o remoto: “En particular, se
preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total
o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al
uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.”
Para lograr la aplicación práctica de este derecho a la desconexión digital el empresario
tendrá que elaborar, de común acuerdo con los representantes de los trabajadores, una
política en la que se aborden estos extremos y evitar así lo que la norma denomina como
fatiga informática.

Protección de datos
Otro elemento que tiene que tenerse en cuenta a la hora de adoptar la medida del
teletrabajo es seguir cumpliendo con las obligaciones impuestas por la normativa
reguladora de la protección de datos.
Con carácter general el trabajador es informado y conocedor de la política de privacidad de
la empresa, ya que el empresario así lo tiene que hacer cuando aquel inicia su actividad
profesional en la empresa.
Las políticas de privacidad contienen disposiciones relacionadas con el tratamiento de
datos personales que el empleado puede tener que efectuar para desempeñar su trabajo,
sin embargo, si en la empresa no se han contemplado, y regulado, las situaciones en las
cuales el trabajo se puede realizar también fuera del centro de trabajo, lo normal es que
tales aspectos no se encuentren especifícados en ellas, salvo aquellas cláusulas que
puedan regular la salida del centro de trabajo de dispositivos que contengan datos de
carácter personal.
Por ello, para hacer frente a una situación como la que estamos comentando es necesario
que el empresario y los trabajadores firmen un acuerdo en donde se especifiquen las
medidas a aplicar que permitan el teletrabajo al mismo tiempo que se siguen cumpliendo
las prescripciones legales reguladoras de la protección de datos de carácter personal.
Este acuerdo en esencia tendría que reflejar aspectos como:

✔ Carácter excepcional de la situación.
✔ Enumeración de las pautas que el trabajador debe respetar a la hora de tratar datos
de carácter personal.
✔ El empresario tiene que proporcionar a los trabajadores toda la información
necesaria para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones laborales y legales.

Medidas de seguridad

La ciberseguridad debe entenderse como un criterio orientador de toda la actividad
empresarial y por ello siempre tiene que tenerse en cuenta a la hora de adoptar cualquier
medida que afecte al proceso productivo. Sin perjuicio de que se tendrá que atender a cada
caso en particular se pueden entener como recomendaciones aplicables a cualquier
organización las siguientes:

✔ Tener instaladas las últimas actualizaciones del sistema operativo.
✔ Tener activados servicios de monitorización con alertas definidas.
✔ Revisar los registros y auditorías de las conexiones remotas.
✔ Tener habilitados canales de comunicación para reuniones mediante Internet.
✔ Restringir montar unidades mapeadas del organismo en equipos remotos inseguros.
✔ Revisar o tener más vigilados unidades para intercambiar información.
✔ Asegurar si los antivirus escanean los dispositivos USB conectados a los equipos
remotos o si se bloquea el acceso de USB en dichos equipos.
✔ No acceder a internet a través de redes no seguras ( por ejemplo wifi públicos).
Al igual que hemos mencionado a lo largo de las otras sección de esta publicación, en el
documento en donde se fijen las condiciones para el teletrabajo tienen que reflejarse las
pautas a seguir por el empleado en materia de ciberseguridad.

José Sendín

Abogado

Sistemius

Ecommerce alimentacion

Ecommerce Alimentación: condiciones legales

Ecommerce de Alimentación: condiciones legales que tienen que cumplir las tiendas online de alimentación.

Con carácter tradicional la venta de productos alimenticios se ha realizado, primero en las tiendas de barrio y posteriormente a través de cadenas de supermercados y grandes superficies. Sin embargo, con la llegada de internet se abrieron un sinfín de posibilidades para todos aquellos que se dedican a esta actividad, en cierta medida igualó un poco las fuerzas entre las grandes compañías de distribución y las tiendas de toda la vida, pues éstas, con la llegada de internet también tenían la posibilidad de ofrecer sus productos a potenciales clientes que por una mera razón de distancia física normalmente no conocerían su tienda.

Internet es el gran escaparate para todo tipo de profesionales que quieren ofrecer sus productos, en cierta medida, con internet nuestro público objetivo es el mundo.

Actualmente es sencillo crear una página web a través de la cual podemos ofrecer nuestros productos al mundo, sin embargo y como siempre decimos, es importante que tengáis en cuenta que existen unas normas y requisitos legales que cualquier ecommerce tiene que cumplir y tratándose de productos alimenticios existen otros requisitos adicionales y de estos requisitos específicos es de lo que vamos a hablar en este post.

Para evitar confusiones, por un lado, os explicamos los requisitos generales que toda tienda online tiene que cumplir, y por otro lado os diremos que requisitos específicos hay que cumplir para que nuestro proyecto de tienda online de alimentación, nunca mejor dicho, cumpla con toda la normativa.

Comenzamos…

Requisitos generales de cualquier ecommerce

Cualquier página web, y, por tanto, también cualquier tienda online (no solo las ecommerce de alimentación) tiene que cumplir unos requisitos generales, estos requisitos legales se cumplen a través de los tradicionalmente conocidos como textos legales y que con carácter general se encuentran situadas en el footer de cualquier página web.

Nos estamos refiriendo a:

  • Aviso Legal / Términos y condiciones.
  • Política de cookies.
  • Política de privacidad.

El aviso legal es el documento en donde el titular de la página web dice quién es, cómo te puedes poner en contacto y establece las condiciones generales de uso de la página web. Este documento tendrá una extensión variable atendiendo al contenido de nuestra página web.

El artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico nos especifica el contenido de este aviso legal en los siguientes términos:

“… a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

  1. b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
  2. c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
  3. d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:

1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.

2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.

3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.

4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

  1. e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
  2. f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
  3. g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.”(…)

Política de cookies es un documento en donde se muestra las cookies que utilizamos y por tanto le decimos a los usuarios que cookies se instalan en caso de que navegan por nuestra web. Toda política de cookies tiene que tener el siguiente contenido:

  • Explicación de qué es una cookie
  • Qué tipo de cookies empleados
  • La finalidad de nuestras cookies
  • Su duración
  • Proporcionar información sobre como deshabilitar las cookies.

Recientemente se han producido modificaciones en las condiciones legales que afectan a las cookies que en esencia se resumen en que el usuario tiene que ser informado de las cookies que empleamos en nuestra web y que estas no se pueden instalar sin el previo consentimiento de éste, salvo algunos tipos de cookies, como son las cookies técnicas.

Política de privacidad este documento con todo el revuelo montado con la modificación de la normativa, a nivel europeo, en materia de protección de datos, es quizás el documento más conocido y de hecho es el dcoumento que siempre se encuentra en las webs, con la falsa creencia de que es el único obligatorio.

La política de privacidad tiene que contener la información relativa a qué tipo de datos tratamos a través de nuestra web, como los captamos, con quien los corpartimos y además se tiene que proporcionar al usuario de nuestra web los medios de contacto e información necesarios para el ejercicio de los derehos que el RGPD y nuestra LOPDGDD les concede.

Hasta aquí nos hemos centrado en contaros cuales son los requisitos esenciales que tiene que cumplir cualquier página web , ahora pasamos a analizar aquellos que son específicos de las ecommerce y más en concreto de las ecommerce de alimentación.

Requisitos específicos de un ecommerce de alimentación

A diferencia de las webs que no son ecommerce, las ecommerce de alimentación de manera complementaria o sustitutiva al aviso legal tienen que incluir el documento tradicionalmente conocido como términos y condiciones o condiciones de venta.

Es aquí en donde el vendedor o titular de la página web pone las condiciones generales de venta y de nuevo aquí nos encontramos con unos requisitos generales y con otros específicos para el sector alimenticio.

Las condiciones generales vienen determinadas por la normativa protectora de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), en concreto en su artículo 97 se establece el contenido de estos términos y condiciones de venta:

“… a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.

  1. b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial.
  2. c) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa.
  3. d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones.
  4. e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en que se determina el precio.
  5. f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica.
  6. g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario.
  7. h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
  8. i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento.
  9. j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos.
  10. k) En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3.
  11. l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda.
  12. m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes.
  13. n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.
  14. o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos.
  15. p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.
  16. q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato.
  17. r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario.
  18. s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables.
  19. t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer.
  20. u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.”(…)

En esencia este largo apartado 1 de este artículo 97 hace referencia a la necesidad de informar a los usuarios de nuestra ecommerce de alimentación o tienda online de alimentación:

  • Quién es el titular de la web y como contactar con el
  • Las características de los productos que vendemos
  • El precio total de la compra (impuestos incluidos) y los métodos de pago
  • La política de gastos de envío
  • La política de devoluciones
  • El derecho de desistimiento y las condiciones de su ejercicio
  • El idioma en que se perfecciona el contrato
  • La garantía del producto
  • La existencia de una plataforma de resolución de conflictos, como alternativa a acudir a los juzgados y tribunales.

Centrándonos ya en las condiciones o requisitos específicos para la venta de alimentos es esencial tener en cuenta lo siguiente para la ecommerce de alimentación:

  1. Como cualquier operador alimentario debes estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).
  2. Cumplir las normas relacionadas con la seguridad alimentaria, tales como:
    1. No comercializa alimentos que no sean seguros.
    2. Asegurar la trazabilidad en todas las etapas.
    3. Asegurar que los alimentos que comercialicen cumplirán los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes.
    4. Proceder a la retirada de los productos que no se ajusten a los requisitos de seguridad y cooperarán en las medidas que adopten los fabricantes o las autoridades competentes.
    5. Cuando se considere que uno de los alimentos que se ha comercializado puede ser nocivo para la salud de las personas deberá informar inmediatamente de ello a las autoridades competentes.
  3. Asegurarse que el sistema de envío que se utiliza para el transporte de alimentos perecederos mantendrá los alimentos a una temperatura segura durante el transporte y hasta la entrega al consumidor.
  4. Emplear un embalaje adecuado al tipo de alimento.
  5. Proporcionar al consumidor toda la información nutricional del alimento.

En esencia el consumidor debe recibir la misma información sobre el alimento que si lo comprase en un comercio. La información debe estar disponible antes de realizar el pago, a excepción de la fecha de caducidad o de consumo preferente y el lote y finalmente en el momento de la entrega  estará disponible por escrito toda la información obligatoria (incluyendo requisitos de otras normativas específicas)

José Sendín
Abogado

Sistemius

modificacion ley contratos sector publico

Modificación de la ley de contratos del sector público

En el día de ayer se publicó en el BOE la modificación del artículo 118 de la ley de contratos del sector público. Si no sabes de que te estamos hablando sigue leyendo.

Contrato menor

El artículo que ha sido modificado regula el expediente de de contratación de los contratos menores. Las ley no establece una definición del contrato menor porque en esencia un contrato menor es exactamente igual a cualquier otro contrato público, la única diferencia es la cuantía del mismo: inferior a 40.000 euros en los contratos de obra y a 15.000 euros en los demás contratos.

Lo característico de este tipo de contratos es su simplificación procedimental, idea esta que se refleja perfectamente en el último punto de la nueva redacción de este artículo 118 de la ley de contratos del sector público.

¿Por qué se modifica la ley de contratos del sector público?

La modificación tiene como objetivo cumplirse por parte del Estado de trasponer dos directivas del Parlamente Europeao, en concreto las directivas europeas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Esta modificación ya estaba incluida en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2019 que finalmente no fueron aprobados.

Real Decreto-ley 3/2020

La modificación de esta Ley se ha introducido por medio de la Disposición Final Primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Modificaciones

La modificación supone pequeños cambios en la estructura y redacción del artículo 118, por ello para que quede claro cuales son los cambios que se han introducido os mostrados la redacción de este artículo antés y después de la modificación, destacando en negrita en la redacción modificada los cambios introducidos y concluiremos esta publicación destacando los cambios introducidos.

Redacción antigua

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Redacción nueva

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.

3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.»

Diferencias entre ambas redacciones

  • Ahora el segundo párrafo del apartado 1 de la antigua redacción pasa a ser formalmente el apartado número 2. Esto supone una reenumeración de los distintos apartados del artículo.
  • El apartado 3 de la nueva redacción formaba parte del inciso final del párrafo segundo del número 1 de la redacción antigua.
  • Se suprime la referencia: *el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo*. De acuerdo con la exposición de motivos del real decreto es para solucionar los problemas técnicos que ello se derivaban.
  • El apartado 5 establece una excepción a la regla establecida en el apartado número 2, necesidad de emisión de informe justificado y motivado de la necesidad del contrato y de que no se está alterando su objeto para evitar los umbrales económicos establecidos en el apartado primero, siempre que el pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores y el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

Os dejamos un enlace al texto que introduce estas modificaciones: Disposición Final Primera RD 3/2020.

Licencias shrink-wrap

Consentimiento en las licencias de software: licencias shrink-wrap y licencias click-wrap

Cómo ya os comentábamos en nuestra anterior entrada sobre las licencias de software uno de los aspectos más controvertidos es el relacionado con el consentimiento o aceptación de la licencia y su validez legal. En este caso, analizaremos las licencias shrink-wrap y las licencias click-wrap.

Por consentimiento entendemos la manifestación de nuestra voluntad sobre un aspecto concreto, ya sea porque manifestamos nuestra aceptación o nuestro rechazo. Esto tiene una capital importancia en el mundo de los contratos, y, no olvidemos que las licencias de software no son más que unos contratos, contratos de adhesión en concreto.

Por contrato de adhesión nos referimos al documento respecto del cual una de las partes tiene el total control sobre su contenido (cláusulas) y respecto del cual la parte que tiene que decidir si lo acepta o no, no tiene la posibilidad de presentar propuestas que modifiquen ese contenido. Por ello, muchos estudiosos del derecho se formularon la siguiente pregunta: ¿adherirse es consentir?…y la respuesta es sí, siempre y cuando haya tenido un conocimiento previo del contenido del contrato y libre y voluntariamente haya decidido aceptar sus cláusulas.

A la hora de analizar la aceptación o consentimiento al contenido de una licencia de software tenemos que prestar atención a los siguientes aspectos: – Edad del aceptante. – Capacidad del aceptante. – Manifiestación de tal aceptación.

En relación a los dos primeros aspectos rigen las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, en principio sólo pueden prestar un consentimiento válido las personas que sean mayores de edad y que se encuentren en el pleno disfrute de sus capacidades intelectuales.

Es la manifestación y sobretodo la aceditación de tal manifestación el aspecto que mayor relevancia y complejidad presenta en el ámbito de las licencias de software. La complejidad surge a partir de las siguientes circunstancias o elementos que son propios de este tipo de contratos: – La puesta en conocimiento del aceptante de las condiciones, normalmente a través de medios telemáticos. – La acreditación, es decir, el elemento o acción que implique o tenga el valor de aceptación del contenido del contrato.

En el momento actual, el 99% de los casos en que aceptamos o aceptaremos una EULA (end user lincense agreement) será durante el proceso de descarga, instalación, registro, o primer acceso al contenido del software y lo estaremos haciendo casi que con toda probabilidad por medio de un dispositivo electrónico conectado a internet.

Consecuencia de ello es que lo que estamos haciendo es leyendo un texto que se nos muestra en nuestras pantallas y que necesariamente tendremos que aceptar para poder utilizar el software. La LSSI lo que dice es que estas licencias tienen que constar por escrito, pero ello no implica necesariamente que tengan que estar impresas, por tanto, son plenamente válidos los documentos electrónicos. Además para manifestar nuestra aceptación tendremos que clickar en el correspondiente checkbox; una vez completados esos pasos ya podremos usar el software.

Estos pasos se crean única y exclusivamente para poder acreditarse por parte del licenciante (empresa titular de los derechos sobre el software) que efectivamente el licenciatario (quien desea usar el software) ha tenido la oportunidad real de leer el contenido de la licencia y ha manifestado su consentimiento respecto de los derechos y obligaciones conexos a tal contrato. A este tipo de licencias se las conoce como licencias click-wrap

El problema de la acreditación de que el licenciatario ha leído y aceptado libremente las codiciones de la licencia se agraba en los cuales en software se obtiene off line, situación en claro deshuso pero que todavía subsiste (comprar una copia en soporte físico del software). En este contexto podemos diferenciar los siguientes tipos de licencias: * licencias box-top * licencias shrink-wrap

Las licencias box-top son aquellas en las que el contenido de la licencia se encuentra impreso en la caja o envoltorio a través del cual se distribuye el software, y, por tanto, se puede conocer su contenido sin necesidad de abrir dicha caja.

Por el contrario, las licencias shrink-wrap se encuentran dentro del paquete que contiene el software, de forma que no resultan visibles desde el exterior. En relación con este tipo de licencias (licencias shrink-wrap) se pueden plantear problemas ya que para conocer el contenido de la licencia será necesario abrir el paquete que a su vez suele contener la advertencia de ” si se abre el envoltorio implica la aceptación de los términos de la licencia”…es algo contradictorio, tengo que aceptar las licencias shrink-wrap antes de usar el software pero para aceptarlas tengo que previamente haber tenido la posibilidad de leerlas, pero no puedo leerlas si no abro el paquete y si abro el paquete se entiende que acepto las licencias shrink-wrap…

Para salvar estos inconvenientes se han optado por varias soluciones como incluir el soporte físico (dvd, cd-rom…) que contiene el software dentro de un soporte precintado que va dentro de la caja y acompañado de un documento con el texto de la licencia. Sin embargo, la que considero que mejores garantías jurídicas ofrece es aquella en la que en el proceso de instalación de este software se incorpora un paso de aceptación de la licencia de uso, requisito indispensable para completar el proceso de instalación.

Es por ello que para evitar problemas de prueba cada vez es más habitual que el software se tenga que descargar desde el sitio oficial, dando lugar a lo que se denominan *cajas vacías**. Yo compro una copia de un software en un establecimiento mercantil pero en la caja no viene el software, lo que viene es la información para descargar el software desde el sitio web correspondiente a través de la cumplimentación del correspondiente formulario en el que se nos pedirá determinada información acreditativa de la compra.

Por hoy nada más, en próximas entradas analizaremos otros aspectos de las licencias de software.

Si tenéis cualquier duda podéis dejar vuestros comentarios o poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, cuenta de twitter o linkedin.

Continúa leyendo nuestra entrada sobre licencias de software.

José Sendín
Abogado tic
Sistemius

licencias de software

Licencias de Software

Las licencias de software son ese tipo de documentos con los que nos encontramos prácticamente a diario y que sin embargo no le prestamos demasiada atención… si crees que tu eres una de esas personas que nunca ha visto una licencia de software siento decirte que estás equivocado ya que si posees o utilizar cualquier dispositivo tecnológico has aceptado la correspondiente licencia de uso.

Con este post inauguramos una serie de publicaciones a través del las cuales nos vamos a aproximar al mundo de las licencias desde un punto de vista amplio o genérico, en sucesivos post entraremos en los detalles de cada una de las distintas clases de licencias de software que pueden encontrarte o querer emplear. Por tanto, en este post hablaremos sobre el concepto y naturaleza jurídica de las licencias de software.

Comencemos….

Podemos definir las licencias de software como aquel documento que establece las condiciones bajo las cuales se te permite utilizar un determinado software. El concepto de documento comprende no sólo a la idea tradicional del mismo, el papel, se incluye también los documentos en formato electrónico, que son los que se emplean mayoritariamente debido a que en la actualidad lo normal es descargar el software y durante el proceso de descarga y posterior lanzamiento/instalación se te muestra un documento (la licencia) que necesariamente vas a tener que aceptar para poder seguir el proceso y acabar finalmente utilizando el software.

De lo que acabamos de exponer lo primero que nos viene a la cabeza es que una licencia de software es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades por medio del cual alguien (licenciante) cede a otra (licenciatario) ciertos derechos sobre su software. Pero la primera duda que nos surge es si es realmente un contrato porque el licenciatario no tiene muchas opciones puesto que si quiere utilizar el software tiene necesariamente que aceptar las condiciones impuestas por el licenciante.

Con un ejemplo que a todos nos resultará familiar resolveremos esta duda: El ciudadano A se dirige a la entidad financiera B y le solicita un préstamo de X miles de €; la entidad financiera B le responde que si los quiere tiene que aceptar las condiciones C, D, y E sin posibilidad de negociarlas.

Esto es lo que se denomina un contrato de adhesión que se caracteriza porque las partes no se encuentran en situación de igualdad, hay una “parte fuerte” y una “parte débil”, en nuestro ejemplo la parte fuerte es la entidad financiera y la débil el ciudadano que pide el préstamo. Esto nos lleva a la encrucijada de si adherirse a este tipo de contratos es “consentir” y si por tanto es un contrato. La respuesta es que sí es consentir siempre y cuando la persona lo haga libremente y para ello tiene que tener toda la información y libremente aceptar las condiciones.

Esto es lo que ocurre precisamente con las licencias de software, el titular de los derechos (licenciante) establece las condiciones y quien quiere utilizarlo (licenciatario) decide si las acepta o no, pero si quiere poder usar el software tiene necesariamente que aceptarlas.

En este punto seguro que os estáis preguntando porque os estamos explicando todo esto y pensaréis que es evidente…pero tiene su razón de ser y ésta es que la inmensa mayoría de las licencias de software (por no decir su totalidad) están redactadas de acuerdo con el derecho anglosajón y en ese contexto normativo las licencias pueden ser consideradas “declaraciones unilaterales de voluntad” que traen consigo unas consecuencias diferentes.

En nuestra próxima publicación nos centraremos en el análisis de los diferentes requisitos que toda licencia tiene que cumplir para ser válida y vinculante, simplemente adelantar que de los tres requisitos que se tienen que cumplir (consentimiento, objeto y causa), es el consentimiento el que mayores problemas plantea.

José Sendín

Abogado

Sistemius

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Estado actual de la protección de datos

Ya hace algún tiempo que entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (Ley Orgánica 3/2018) y aún más de la entrada en vigor del RGPD… como todo en la vida, una vez pasada la novedad y el susto inicial, las cosas se tranquilizan y la materia de protección de datos y el cumplimiento de su normativa no es una excepción.

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Nueva ley de la administración digital de Galicia (LEDIXGA)

La Ley de la Administración Digital de Galicia (LEDIXGA) es una realidad tras haber sido aprobada por el Parlamento de Galicia, su entrada en vigor se determinará una vez sea publicada en el Diario Oficial de Galicia.

A través de este artículo vamos a analizar de manera somera lo que entendemos que es lo más relevante: la finalidad de esta norma y cómo nos afecta en nuestro día a día.

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Cómo cumplir con el registro de horario laboral sin infringir la Ley de Protección de Datos

 

La nueva norma de obligatoriedad del registro del horario laboral por parte de cada trabajador ha traído consigo muchas preocupaciones. Entre ellas, se está poniendo en alza el miedo a la desprotección frente a la gestión de datos personales. ¿Eres una empresa y temes estar infringiendo la LOPD? Quédate a leer, te contamos cómo cumplir con el registro de horario laboral sin violar la protección de datos.

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