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aspectos legales marca en internet

Aspectos legales de la marca en internet

Aspectos legales de la marca en internet.

Actualmente, el posicionamiento de la marca en internet resulta fundamental, y por ello, conviene disponer del correspondiente registro de marca en aquellos paises en los cuales tengamos intereses.

En internet se utilizan a menudo “keywords”, es decir, aquellas palabras clave que, habitualmente, utilizamos en las búsquedas de los navegadores para encontrar aquellas páginas webs que nos interesan.

Las “keywords” son importantes para posicionar productos y servicios en internet frente a otros similares, lo que se conoce como “Posicionamiento SEO y SEM” (“Search Engine Optimization”/ ”Search Engine Marketing”).

La utilización de nombres de marcas ajenas como “keywords” o palabras clave en internet, puede suponer una infracción de los derechos marcarios, ya que, con carácter general, el titular de una marca tiene el derecho a prohibir su utilización en el mercado para los productos y servicios registrados. Sin embargo, esta utilización como “keyword” no colisionará el derecho del legítimo titular si cumple los siguientes requisitos:

• Que no exista riesgo de confusión, entendiéndose por tal, que el usuario medio de internet tenga claro que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada o, en su defecto, que se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial.

• Que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica.

Además, las marcas son un signo distintivo con efectos constitutivos, es decir, que sólo gozan de efectos una vez registradas, sin embargo, pueden ser susceptibles de registro en diferentes zonas geográficas. Y esto es importante, ya que internet es un mercado abierto.

En España las marcas se registran ante la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), sin embargo, si se quiere obtener una protección geográfica superior, el registro se debe realizar de las siguientes formas, a saber:

Marca Europea: se registran ante la EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual), y gozarán de efectos en todos los Estados Miembro. En España, la sede correspondiente a la EUIPO se encuentra en Alicante.

Marca Internacional: es un sistema, denominado Sistema o Protocolo de Madrid, mediante el cual se realiza un único registro de marca, que puede llegar a tener efectos en los 116 Estados Parte del Arreglo de Madrid de 1891, entre los que se encuentra España. Se utiliza por cuestiones de tiempo, costes y eficacia para los registros supranacionales.

Por su parte, al margen de este tipo de registros de marcas, si se quiere registrar la marca en un determinado País, habrá que acudir a su correspondiente Oficina de marcas Nacional.

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José Nogueira
Abogado
Sistemius

sociedad de la información

Responsabilidad de los prestadores de la sociedad de la información

Responsabilidad de los prestadores de la sociedad de la información.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información son aquellos servicios prestados a distancia, por vía electrónica, normalmente vía internet, a solicitud de un destinatario y que pueden ser remunerados o no. Para entendernos, por ejemplo, sería el caso del servicio de plataformas o páginas en internet que sirven de intermediarios entre dos partes.

Ejemplos de esto también serían:

  • Los operadores de telecomunicaciones
  • Proveedores de acceso a la conexión a internet
  • Portales web
  • Motores de Búsqueda
  • Servicios de hosting o servidores

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la totalidad del ordenamiento jurídico, sin embargo, existen supuestos en los que procede excluir su responsabilidad por el contenido proporcionado por los usuarios o terceros que utilicen sus servicios. Esto es lo que se conoce como “teoría del conocimiento efectivo” (artículos 15, 16, 17 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información), mediante la cual únicamente los prestadores de servicios de la información son responsables por los contenidos proporcionados por sus usuarios utilizado sus servicios cuando tengan conocimiento efectivo del mismo (Por ejemplo, mediante canales de denuncia internos del servicio) o mediante resolución judicial obligando a su bloqueo o retirada. La ilicitud de dichos contenidos puede ser muy variada (infracción de derechos de propiedad intelectual, intimidad, propia imagen, delitos penales… etc.). A continuación, concretaremos dicha responsabilidad, a saber:

  • Operadores de redes y proveedores de acceso a internet: Únicamente son responsables por el contenido transmitido utilizando sus redes, excepto que estos prestadores hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.
  • Prestadores de servicios de “Caching”: Estos prestadores no son responsables de las copias temporales de los datos solicitados por los usuarios cuando cumplen los siguientes supuestos:

o no modifican la información;
o no permiten el acceso a usuarios no habilitados;
o respetan las normas del concreto sector para la actualización de la información
o no interfieren en los datos de visitas de los portales.

Además, también se acogen a la teoría del conocimiento efectivo:

  • Prestadores de servicios de “Hosting”: Estos prestadores que consisten en servicios de alojamiento o almacenamiento de datos en servidores, no son responsables de los datos proporcionados por sus usuarios cuando se cumple la teoría del conocimiento efectivo.
  • Prestadores de servicios de agregadores de enlaces (“Linking”): Estos agregadores de enlaces prestan servicios consistentes en la facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. No son responsables de los enlaces cuando siguen la teoría del conocimiento efectivo.

José Nogueira

Abogado

Sistemius

pruebas electronicas

La validez de las pruebas electrónicas

La Validez de las pruebas electrónicas.

Tiempo estimado de lectura: 3 min

La prueba jurídica podría definirse como aquella actividad de comprobación que resulta necesaria para la fijación de los hechos del caso cuando éstos son controvertidos.

Los medios de prueba aparecen enunciados en la Ley de enjuiciamiento civil y se pueden resumir en los siguientes: el reconocimiento judicial, el interrogatorio de parte, los testigos, documentos, medios audiovisuales, archivos de datos y peritos.

No obstante el avance tecnológico es continúo por lo que desde la redacción de la norma procesal han surgido innumerables medios tecnológicos como pueden ser los dispositivos de almacenamiento de datos (discos duros, USBs, CDs…), almacenamiento de datos en la nube “cloud computing”, mensajería instantánea que no se recogen en la LEC como tal.

Estos nuevas fuentes de prueba dada su importancia deben tener derecho de acceso al proceso, pues en ocasiones serán las únicas fuentes de las que dispondremos para apoyar nuestras pretensiones o desvirtuar las de la parte contraria.

Estas pese a no estar reguladas como tal en los medios de prueba suelen admitirse por los juzgados y tribunales, siendo encauzadas en ocasiones dentro de la prueba documental o como prueba consistente en medios de archivos de datos. En este sentido las pruebas electrónicas de uso mas habitual son las siguientes:

• Las capturas de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, SMS…), esta es una de las pruebas mas utilizadas en la práctica, no obstante es admitida por los tribunales de forma muy cautelosa. En el caso de que dichas conversaciones o mensajes sean impugnados la carga de probar que no fueron manipuladas corresponde a la parte que pretenda aprovecharse de las mismas, la cual tendrá que acudir normalmente a una pericial informática para probar la integridad del contenido.

• En segundo lugar suelen aportarse habitualmente los correos electrónicos como prueba de un determinado hecho. La admisibilidad de este tipo de prueba es plena, no obstante el problema surge cuando dichos correos son impugnados por la parte contraria y no están certificados. En estos casos lo mas habitual será aportar los correos en una acta notarial donde un fedatario público certifiqué su contenido determinando quién es el emisor y destinatario, son muy útiles también los sellos electrónicos de tiempo donde una entidad certificadora pública o privada nos contextualizará el mensaje (fecha, emisor, destinatario).

• La información contenida en páginas web. Dichas webs pueden ser traídas a un proceso a través de la impresión de las mismas (documento privado), un acta notarial donde se haga constar el contenido de estas en un determinado momento (documento público), un interrogatorio donde se le realicen preguntas a un testigo sobre determinados hechos contenidos en la web de los cuales pudo tener conocimiento (testifical) y por último una pericial donde un experto en la materia emita un informe certificando cual era el contenido que obraba en dicha web.

Como pudimos ver en este breve artículo las pruebas electrónicas tiene una importancia fundamental en el día a día de los juzgados y tribunales, y su incorporación a un proceso no planteará problemas de inadmisibilidad siempre y cuando se le revista de garantías que permitan determinar que su contenido no ha sido manipulado.

Martín Esparís Figueira
SistemiuS

derechos de autor

Los derechos de autor: 3 formas de protección legal

Los Derechos de Autor y su protección legal

Tiempo estimado de lectura: 3 min

La eterna duda que muchos autores se plantean es “y ahora que he creado una obra como la protejo frente a terceros?”

Antes de ver las diferentes formas de protección es preciso entender que son los derechos de autor y a su vez qué subtipo de derechos engloban.

El derecho de autor es el derecho que tiene el creador de una obra sobre la misma y abarca los derechos patrimoniales y morales que un autor tiene sobre las obras literarias, artísticas o científicas de su creación.

El derecho de autor englobaría asimismo dos tipos de derechos:

• Los derechos de explotación que son aquellos derechos por los cuales se puede obtener una retribución económica, y son el de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Su vigencia se extiende durante toda la vida del autor y durante setenta años después de su muerte.

• Los derechos morales que son aquellos derechos irrenunciables e inalienables y se refieren a la divulgación, paternidad de la obra, integridad, transformación, retirada y acceso al ejemplar único. Estos se caracterizan por ser perpetuos y no extinguirse ni con el fallecimiento del autor.

Una vez definidos qué son y cual es el contenido de los derechos de autor, las formas mas habituales de protección de los mismos son las siguientes:

En primer lugar está el Registro de la propiedad intelectual, que es un registro público y voluntario en cual se inscriben derechos de propiedad intelectual de autores y demás titulares sobre sus obras, actuaciones o producciones. El objeto principal de la inscripción es servir como prueba de que una determinada obra se encuentra inscrita y así conocer la autoría de la misma, y por tanto determinar a quién corresponden esos derechos de autor. De esta forma se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual tanto obras artísticas, cinematográficas, audiovisuales, literarias, científicas, programas de ordenador, composiciones musicales, etc…

En segundo lugar, se encuentran las Licencias libres o Copyleft. Este tipo de licencias permiten un uso y reutilización de la obra por parte del licenciatario. Las licencias de Copyleft son muy utilizadas en el ámbito del software libre donde la nueva obra que incorpora una obra preexistente obliga al licenciatario a licenciar la obra bajo las mismas condiciones de la licencia de la obra anterior.

También son licencias libres y muy comunes, las licencias Creative Commons. Este tipo de licencias son utilizadas por productores de obras independientes, y en resumen consisten en un permiso por el cual el autor determina como quiere que su obra sea utilizada por terceros. De esta forma hay varios tipos de combinaciones para licenciar la obra, y es el autor el que determina si quiere que el contenido de la obra pueda ser copiado, distribuido, editado, remezclado o desarrollado.

En tercer lugar están los registros privados de propiedad intelectual, Digital Media Rights es uno de los mas conocidos, en los cuales se puede depositar la obra y obtener un certificado de autoría de la misma, que nos serviría para acreditar la paternidad de la obra en caso de litigios o conflictos con terceros.

En definitiva, pese a que no es obligatorio registrar una obra resulta muy recomendable otorgarle algún tipo de protección para que no se generen dudas acerca de su autoría ni sobre a quién corresponde la explotación de la misma.

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Martín Esparís Figueira

SistemiuS

delitos informaticos

Ciberdelincuencia: 4 tipos de delitos informáticos

Delitos Informáticos

Tiempo medio de lectura: 3 min

Son muchos los delitos informáticos que se instrumentan a través de las nuevas tecnologías, como son el phising (captar contraseñas o números de tarjetas de crédito imitando correos electrónicos de organismos u organizaciones oficiales), la monitorización de teclado, el ciberbulling (acoso escolar) o el grooming (ciberacoso sexual a menores)…

En relación a estas conductas en los últimos meses fue sonada la paralización de cientos de empresas por el ataque de un virus informático llamado WannaCry , que se autoinstalaba en los ordenadores de trabajadores de distintas compañías y producía la encriptación de los archivos almacenados en los ordenadores conectados a la misma red.

Asimismo también fue sonado en los medios, el curioso método que tenían un grupo de chavales de un instituto de A Estrada (Ayuntamiento de Pontevedra) para asegurarse el aprobado sin necesidad de hincar los codos. El método consistía en instalar en los ordenadores del centro un software que monitorizaba cada una de las pulsaciones del teclado, y así permitía descifrar las contraseñas necesarias para autenticarse en distintas cuentas. Con este curioso software un grupo de alumnos del centro pudieron acceder a varias cuentas de correo electrónico de sus profesores y obtener así los exámenes que posteriormente tendrían que realizar.

En la actualidad hay una serie de delitos informáticos sobre las cuales tenemos que poner especial precaución para no convertirnos en víctima de estas, entre las mas importantes están:

1. Las estafas informáticas, cuya conducta consiste en realizar una actividad engañosa produciendo un desplazamiento patrimonial en perjuicio de la víctima y obteniendo así un ánimo de lucro.

La estafa informática se diferencia de la estafa normal en que los actos de engaño se dirigen a sistemas informáticos que asimismo producen el consiguiente engaño en la víctima.

Este delito informático podría considerarse como uno de los más cometidos en España, y se puede realizar por una multitud de conductas, entre las mas habituales están la estafa Nigeriana, donde su autor remite a la víctima un correo electrónico prometiéndole una gran cantidad de dinero a cambio de un ingreso de una determinada cantidad por adelantado.

El phising que consiste en la obtención fraudulenta de contraseñas bancarias con el fin de transferir dinero a otra cuenta bancaria. En estos casos la jurisprudencia ha admitido que la responsabilidad sería del proveedor de servicios de pago (el banco), salvo que se aprecie fraude o negligencia grave en la víctima.

El carding que consiste en un copiado de las tarjetas de crédito de la victima para realizar posteriormente una adquisición de bienes con estas.

2. Los delitos informáticos de daños. Es el caso de los virus informáticos comunes y en particular el Wanna Cry entraría en este tipo delictivo. Son delitos informáticos que consiste en borrar, dañar, deteriorar, hacer inaccesibles, alterar o suprimir datos informáticos sin autorización y con un resultado gravoso para el perjudicado. Lo relevante en este delito es que no se exige una cuantía mínima para que se entienda cometido y recaiga condena.

3. Las defraudaciones de telecomunicaciones. Todos hemos conocido a algún particular que se creía muy astuto al aprovecharse ilícitamente de la Wifi del vecino sin consentimiento para ello. Este tipo delictivo requiere que se le cause un perjuicio económico a la víctima, y será sancionado con la pena de multa de tres a doce meses si el perjuicio supera los 400€ .

4. Los ciberdelitos contra la intimidad. Son sonados también los casos en que una persona instala en un software en un determinado dispositivo accediendo así a información personal del mismo sin la autorización de su propietario. Podría ser acusado en este caso de un delito de descubrimiento y revelación de secretos con unas penas que no son menores.

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Martín Esparís Figueira
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el derecho al olvido

El Derecho al Olvido ya es una realidad

El Derecho al Olvido ya es una realidad.

Tiempo estimado de lectura: 3min.
La primera vez que oímos hablar del derecho al olvido fue a raíz de la sentencia Google vs Costeja del TJUE. Esta sentencia resolvió una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional en relación a un litigio entre Google España y la Agencia Española de Protección de Datos y el Sr. Costeja por la que la AEPD estimaba la reclamación del Sr. Costeja y se ordenaba a Google que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales de este afectado de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.
Así fue pionera en relación al derecho de cancelación y oposición de nuestros datos en los motores de búsqueda de internet.

El derecho al olvido viene a consistir en que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda queda sometido a las normas de protección de datos de la UE teniendo los afectados un derecho, bajo ciertas condiciones, a que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

Por este motivo cuando la información difundida por un buscador se encuentre desactualizada, obsoleta o careza de interés público, el legítimo titular de esos datos tendrá el derecho a desindexar la citada información, esto es lo que se conoce como el derecho al olvido.

En este punto podría plantearse un choque entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la información o de expresión del público en general, en el sentido de que la información que nos subministran los buscadores cuando accionamos una búsqueda sea de interés general para todos los usuarios de internet.

A este respecto el Tribunal Constitucional ha aclarado que la libertad de información prevalecería sobre el otro derecho siempre que la información sea veraz y de relevancia pública.

Pero qué debe de entenderse por “relevancia pública” la sentencia anterior del TJUE, determinó que para la interpretación de este término ha hacerse referencia al papel desempeñado por el interesado en la vida pública. Así la AEPD ha establecido unos criterios interpretativos de la sentencia aclarando que se entendería que tienen un papel en la vida pública: los políticos, funcionarios públicos de alto nivel, empresarios, miembros de profesiones reguladas…

Por esto una figura pública sería aquella que por causa de sus funciones u obligaciones tendría un cierto grado de exposición mediática.

Por otra parte para el ejercicio del derecho al olvido, el afectado tendrá que dirigirse al motor de búsqueda solicitando la retirada de los enlaces e información afectada de los resultados de búsqueda.

Para finalizar es interesante conocer las estadísticas de las solicitudes de retirada que por ejemplo ha recibido Google y han sido aceptadas por el buscador. En el caso de España se han solicitado la retirada de 181.472 URls hasta la fecha, accediendo el buscador a retirar el 38% de las mismas. La información sobre la que se pide la retirada es muy diversa, a título ilustrativo se mencionan las siguientes solicitudes:

• En Bélgica una persona solicitó la retirada de un enlace a un artículo sobre un concurso en el que había participado cuando era menor de edad. Google procedió a la retirada
• En Francia, un sacerdote solicitó la retirada de los artículos en los que se informaba de su sentencia condenatoria por posesión de pornografía infantil. Google no procedió a la retirada.
• En Italia, la viuda de una víctima de un asesinado solicitó la retirada de un artículo en el que figuraba su nombre. Google procedió a la retirada.

En conclusión, el derecho al olvido permite que toda persona que se vea afectada por una información contenida en internet puede solicitarle al buscador que proceda a la retirada de la misma, en caso de que el buscador decline retirarla la vía no se agota pues se podrá reclamar la tutela de este derecho ante la Agencia Española de protección de datos.

Martín Esparís Figueira
SistemiuS

lssi

Sanciones a empresas y autónomos por incumplimiento de la normativa en sus páginas web

Sanciones a empresas y autónomos por incumplimiento de la normativa de consumo en sus páginas web.

Tiempo estimado de lectura: 2 min.

En los últimos días en Sistemius hemos tenido conocimiento de que a varias empresas con domicilio social en Galicia, les habían notificado desde el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía la iniciación de un procedimiento sancionador por incumplimientos referentes a la obligación de información en sus webs.

Los procedimientos sancionadores se refieren principalmente a webs con tienda online sobre la falta de o incumplimiento del deber de disponer de unas condiciones generales de la contratación completas y accesibles al público, aviso legal completo, política de privacidad…

En estos casos la Junta de Andalucía se ampara para sancionador las titulares de webs en el artículo 94 de la Ley general de consumidores y usuarios de Andalucía. Este artículo viene a decir que con independencia de que la infracción de consumo se cometa en Andalucía, y de que el domicilio de la empresa radique en esa comunidad, la Junta de Andalucía será competente para imponer sanciones en materia de consumo.
De esta forma los órganos administrativos de consumo de la Junta podrán sancionar a cualquier empresa titular de una web, en la que se aprecie que existe algún incumplimiento del deber de información en relación con la normativa de consumo.
El razonamiento de esta actuación sería que una web con dominio .es se dirige a cualquier lugar de España, y por esto el incumplimiento del deber de información perjudicaría a todo consumidor, conforme a este razonamiento incluso el incumplimiento de empresa gallega del deber de información de su web estaría perjudicando al consumidor andaluz.
Estas notificaciones de procedimientos sancionadores de la Junta de Andalucía se suman a los requerimientos informativos que han recibido varias empresas por la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información, y de los hicimos eco desde Sistemius, informando de que se habían observado incumplimientos y tenían que adaptar urgentemente sus webs a la LSSI para no ser sancionados.

Para prevenir que su empresa pase por esta situación desde Sistemius recomendamos a las empresas titulares de webs que procedan con la mayor celeridad a adaptarlas a la LSSI a la normativa de protección de datos y de los consumidores a fin de prevenir cualquier tipo de sanción que le pueda ser impuesta pues los organismos competentes para sancionador son múltiples.

Para mas información sobre la auditoria legal de webs, servicio que prestamos desde Sistemius no dude en ponerse en contacto con nosotros. Adaptaremos su web a la normativa aplicable con la mayor celeridad posible.

Sistemius

patente

La Patente y el modelo de utilidad: ¿Cómo proteger una invención?

Tengo una invención, ¿cómo la protejo?

Tiempo estimado de lectura: 3 min
Esta es la pregunta que se plantean la mayoría de creadores de una invención. En este punto hay que evaluar cual será el coste de cada mecanismo, la duración, y las exigencias para su concesión.

En la actualidad existen básicamente dos mecanismos para proteger una invención privándole así a otras personas de explotarla o fabricarla.

En primer lugar tenemos la patente de invención que es un título que reconoce el derecho de explotar una invención en exclusiva, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Se puede patentar así un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto o una mejora de los mismos.

En segundo lugar el modelo de utilidad protege una menor actividad inventiva que una patente, y consiste en darle a un objeto o producto, una configuración estructura o composición de la que resulte una ventaja práctica para su uso o fabricación. Un ejemplo típico de modelo de utilidad sería una silla ergonómica, pues se estaría mejorando un objeto ya existente, y creando así una nueva utilidad o ventaja práctica del mismo.

En cuanto a la protección que se conseguiría con cada mecanismo, la patente concede a su titular el derecho a fabricar, distribuir y utilizar el objeto patentado durante un plazo improrrogable de 20 años, en el caso del modelo de utilidad la protección se extiende durante menos tiempo, 10 años.

Por otra parte la concesión de una patente por regla general no se resolverá en un plazo inferior a 18 meses, mientras que la tramitación de la concesión del modelo de utilidad no se extenderá mas de 8 meses siempre y cuando se planteen oposiciones o subsanaciones por el medio.

En cuanto a la presentación de la solicitud, ambas se podrán presentar por vía electrónica, pero la documentación a aportar en los dos casos será distinta. En el caso de la patente requerirá presentar una descripción mas exhaustiva de la invención, alegar una o varias reivindicaciones, resumen…

Para elegir con qué mecanismo proteger una invención es determinante conocer los costes que supone cada sistema. En el caso de la patente de invención nacional, las tasas oficiales a fecha de 2017 asciende a algo mas de 1.000€ como mínimo. En el modelo de utilidad las tasas son como mínimo de 90€. Por otra parte en el caso de las patentes para verificar la novedad, se hace un barrido de las patentes inscritas tanto en España como en el resto de países, mientras que en el modelo de utilidad solo se coteja el registro nacional.

A estas cuantías hay que añadirle las cuotas anuales de mantenimiento de la patente o en su caso del modelo de utilidad.

En definitiva una patente implica una mayor protección pero en contrapartida un coste mas elevado, una tramitación mas larga e implicará un examen de la invención mucho mas intenso, por el contrario un modelo de utilidad tendrá una protección menor pero también un coste mas reducido y una tramitación mas ágil y mucho mas sencilla.

Martín Esparís Figueira
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salud

La protección de datos en la salud y en los entornos tecnológicos

La protección de datos especialmente protegidos: datos relativos a la salud

Tiempo estimado de lectura: 3 min

La normativa en materia de protección de datos está en constante evolución, el nuevo Reglamento Europeo que entrará en vigor en mayo de año próximo es un ejemplo de esta evolución normativa.

En la protección de datos se distinguen fundamentalmente dos categorías de datos en función de la protección de cada uno de ellos. En primer lugar los datos ordinarios (datos relativos a competencias profesionales, imágenes, o datos identificativos de una persona en general…) en segundo lugar estarían los datos especialmente protegidos (afiliación sindical, ideología, religión, vida sexual y salud).

Los datos especialmente protegidos como su nombre indica, son merecedores de una mayor protección y su encargado de tratamiento soportará mayores obligaciones.

En el ámbito sanitario, en las clínicas y centros sanitarios ya se está utilizando software especializado para el tratamiento de los datos que se recaban de los pacientes y usuarios, que en la mayoría de los casos engloba la historia clínica del paciente o aspectos relativos a dolencias, padecimientos o medicación de los mismos.

En el caso de los datos relativos a la salud, la legislación de protección de datos establece que solo se estará legitimado para el tratamiento de estos datos cuando exista consentimiento expreso del afectado o una ley lo permita por entender que existen razones de interés general que justifiquen su tratamiento.

En relación a esta obligación solo estarían exentos de dicho consentimiento expreso los datos que resulten necesarios para la prevención o para diagnósticos médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de los servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional

Esto implica que el tratamiento de datos relativos a la salud por regla general solo se podrá llevar a cabo cuando exista consentimiento expreso del afectado.

En el caso de que se incumpla la obligación de recabar el consentimiento los encargados de tratamiento podrían arriesgarse a ser sancionados con una infracción grave cuya cuantía va de los 40.001 € a 300.000€.

Por otra parte en el tratamiento de este tipo de datos, también es importante resaltar que por regla general las medidas de seguridad a adoptar serán las correspondientes al nivel alto de seguridad. Dicho nivel implica las siguientes actuaciones:

– Acceso a soportes y documentos por las personas que tengan autorización para ello.
– Cifrado de los datos
– Realización de copias de respaldo y recuperación
– Registro de las personas que accedieron o intentaron acceder a dichos datos

En definitiva tanto las empresas de software, como encargadas del tratamiento, así como las clínicas y centros responsables de este tipo de datos han de respetar escrupulosamente las obligaciones anteriores para prevenir cualquier sanción que le pueda ser impuesta.

Martín Esparís Figueira
SistemiuS

youtubers

YOUTUBERS e INFLUENCERS, ¿sin preocupaciones legales?

YOUTUBERS e INFLUENCERS, ¿sin preocupaciones legales?

La aparición de youtubers, influencers, instagramers y bloggers ha sido constante en los últimos tiempos a raíz de la utilización masiva de las redes sociales.

Sus canales, webs, pérfiles y blogs disfrutan cada vez de mas suscriptores y visitantes por lo que para muchos se está convirtiendo en un negocio muy rentable económicamente.

El famoso unboxing (apertura de un producto) o los videos de testeo, utilización o recomendación de un determinado producto o marca concreta atraen miles de visitantes de forma que se convierten en el método de publicidad mas efectivo.

Pero esta actividad no es libre, sino que ha ajustarse al cumplimiento de varias obligaciones legales, protegidas por distintas normas:

En primer lugar la Ley de publicidad prohíbe la publicidad de productos perjudiciales para la salud como puede ser tabaco, alcohol con graduación superior a 20 grados (el de graduación inferior solo se podrá publicitar en determinados horarios), medicamentos, etc…

En segundo lugar, la actividad de los youtubers estaría sometida a las obligaciones que impone la Ley de comunicación pública, pues aunque se trata de un sitio web de titularidad privada y en principio se dirige a usuarios privados, se obtiene un beneficio económico con este directo o indirecto a través de la publicidad.

En tercer lugar, muchos youtubers, bloggers o instagramers utilizan como fuente de ingresos publicitarios el método publicitario del product placement, o publicidad por emplazamiento, que consiste en colocar un determinado producto, mensaje o marca dentro del desarrollo del programa o video.

En el derecho español la publicidad encubierta no está permitida, así no puede incitarse directamente la compra ni realizar promociones concretas de productos, sino que debe integrarse el producto en la trama de manera natural. Además ha de advertirse al usuario del producto que se va a publicitar al principio y al final del video, y no podrá utilizarse este método durante el horario de programación infantil.

En cuarto lugar, los propietarios de canales, blogs o perfiles han de poner especial atención al respeto de los derechos de autor y propiedad industrial. De este modo han de observar si la música incluida en sus videos tiene derechos de autor, si se usan marcas de terceros sin autorización, que las opiniones que se viertan sobre terceros estén medidas y no afecten a sus derechos al honor, intimidad y propia imagen.

La quinta consideración a tener en cuenta es la relativa a protección de datos que sean tratados por los propietarios, por consiguiente hay que ver que los datos que se recaben de suscriptores sean tratados de acuerdo a lo establecido en la Ley de protección de datos y el Reglamento Europeo.

Para terminar, la actividad de estos creadores de contenidos no está exenta de tributación, sino que han de cumplirse con las múltiples obligaciones tributarias que existen, pues es una actividad en la mayoría de los casos generadora de ingresos económicos.

Como vimos, la actividad de los youtubers, instagramers, bloggers… no es libre sino que ha de someterse a determinadas consideraciones legales, pues su inobservancia puede acabar derivando en sanciones administrativas, tributarias o civiles.

Martín Esparís Figueira
Sistemius