Si tiramos de hemeroteca, podemos observar que los e-sports no es algo tan novedoso como se cree, pues surge en la década de los 80 de manera oficial, cuando Atari decidió crear una competición del famoso juego “Space Invaders”. Fue tal la repercusión (más de 10.000 seguidores) que, años más tarde, decide crearse la primera organización dedicada a la realización de torneos de e-sports (Cyberathlete Professional League (CPL), 1997).
A finales del s.XX, principios del s.XXI, el comercio electrónico o e-commerce a través de internet era algo novedoso, una ventana abierta a nuevo mundo de posibilidades. Tanto era así que apenas se conocía, los medios para ejecutarlo eran escasos y las garantías legislativas apreciaban bastante carestía. Esto que hoy en día es tan lógico y tan usual, hace algo más de 20 años era el último hito.
El día 13 de julio a las 9:30 horas Sistemius impartirá, desde el Centro Demostrador TIC de Galicia, una sesión dirigida a empresas, autónomos, sector tecnológico y startups.
El análisis y la utilización del Big Data desde una perspectiva empresarial comienzan a resultar vitales en el entorno actual. El Big Data descrito como gran volumen de datos que cada empresa o cada despacho manejados adecuadamente puede ayudar a la toma de decisiones, especialmente ayuda a entender el perfil de los clientes y sus necesidades. Actualmente, su importancia supone una palanca clave para el desarrollo de todos los sectores de la economía.
¿Cómo se puede proteger el diseño industrial? ¿Cuál es la finalidad de su protección? En Sistemius, sabemos lo importante que es el proceso de reconocimiento de un producto, diseño, marca o patente. Por ello, te ayudamos a gestionar todos los procedimientos necesarios para que tus derechos sobre el producto no se vean perjudicados.
Supongamos que somos titulares de una empresa y, en el seno de la misma, un empleado comete un acto delictivo donde la entidad se ve comprometida; o que un empleado, en nombre y representación de la empresa, pero bajo fines fraudulentos y totalmente contrarios a la misma, comete una infracción tipificada en la legislación penal. En estos casos, la empresa sería responsable penalmente, si se cumplieran los requisitos del artículo 31.bis del Código Penal.
Como ya muchos sabéis, el 25 de mayo de 2018 entra en aplicación el nuevo reglamento europeo de protección de datos, obligando a modificar y actualizar ciertos puntos de nuestra legislación. Sin embargo, puede que existan organizaciones que lo desconocen o que aún no han dado con la tecla a la hora de aplicar sus medidas. Qué duda cabe de que este Reglamento General de Protección de Datos suprimirá, modificará e integrará figuras, procedimientos o tratamientos, creando un marco normativo igualitario para todos los estados miembros de la Unión Europea.
El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) contiene una serie de derechos de los usuarios y personas afectadas por los tratamientos de datos que pueden ejercer ante el responsable y el encargado del tratamiento, según corresponda, o también ante el Delegado de Protección de Datos de estas compañías o entidades, si ha sido notificado válidamente este nombramiento en la Agencia Española de Protección de Datos. E incluso, en algún caso, como en el derecho a la indemnización, ante los Tribunales competentes.
Al margen de la aplicación del nuevo Reglamento Europeo Nº 2016/676 de protección de Datos (RGPD), que será directamente aplicable a partir del 25 de mayo. Está prevista la aprobación de la Nueva LOPD que vendrá a aclarar y a ampliar determinados aspectos del Reglamento Europeo. Esta nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, se encuentra en fase de tramitación, sin embargo, ya ha sido publicado el proyecto de Ley, y podemos conocer las novedades que introducirá.
Según las recientes Guías publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), La Evaluación de Impacto en la Privacidad (“Privacy Impact Assessment”) es una herramienta que debe realizar el responsable del tratamiento, de forma previa a dicho tratamiento, para poder identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que están sometidos sus actividades de tratamiento con la finalidad de garantizar los derechos y libertades de las personas físicas. Esta evaluación previa, permite establecer las medidas de control adecuadas.